La necesidad de valorar el esfuerzo de conservación de la naturaleza

Los montes han tenido siempre una función compleja en las economías donde se desarrollan, porque suministran bienes y servicios muy variados, y algunos usos entran inevitablemente en conflicto con otros. 

En los momentos actuales por los que la economía mundial y española atraviesan un díficil momento, son los sectores primarios y el medio rural, en muchas ocasiones, los mas afectados. Por esta razón, es el momento en el que más esfuerzos debemos dedicar en la búsqueda de alternativas que aporten elementos activadores y diversificadotes de la economía, que bajo la premisa de la conservación permitan generar riqueza y en consecuencia empleo para los moradores próximos a los mismos así como externalidades positivas para el resto de la sociedad. La conservación y explotación de los recursos naturales existentes, y en particular los forestales han sido y deben seguir siendo por su elevado interés general uno de los pilares para el desarrollo rural, extrapolable a infinidad de regiones de todo el mundo. 

Es muy importante el planteamiento de nuevas fórmulas que permitan la valoración de los servicios que a la sociedad le aporta el medio natural. Propuestas que, por disparatadas que pudieran parecer en el momento actual de crisis, alberguen la esperanza de ser atendidas por quienes nos gobiernan para ser llevadas a cabo. 

El monte mediterráneo entre otras cosas se caracteriza por una escasa rentabilidad en productos mercadeables, mientras que, son generadores de servicios no sujetos a transacciones comerciales que benefician a toda la sociedad: producción de oxígeno, captura de carbono, estabilización de suelos, mejora de la calidad de agua, biodiversidad, ocio, regulación climática, paisaje…; es decir, son productores de elementos no tangibles esenciales para la vida, y que llamamos las externalidades positivas. 

En Andalucía, tras el año 1989, en el que la Junta redacta el Plan Forestal Andaluz, se declaración de un buen número de espacios protegidos en la Región, que ha provocado una mayor restricción para los propietarios de los terrenos en los usos y aprovechamientos que ya tenían así como la pérdida total o seria limitación de usos potenciales en la práctica totalidad de los casos y terrenos afectados. 

Considero paradógico, que sea la biodiversidad el factor a valorar mas destacado por Europa en cuanto a la valorización de nuestros ecosistemas forestales y de los espacios protegidos en que en muchos casos se encuentran, y que sin embargo ese parámetro a penas tenga relevancia (valor) en la gestión de los terrenos en donde se desarrolla y no le reporte nada, salvo limitaciones al uso y aprovechamiento para los propietarios de esos terrenos. No parece justo. 

Para tener idea de la realidad forestal del territorio andaluz, basta consultar los estudios llevados a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en los que se estima el VET (Valor Económico Total) de los montes andaluces en 20.453 millones de euros, con sólo un 25,3% de esta cuantía (unos 5.180 millones de euros) pertenecientes al apartado productivo, o productos tangibles. Los resultados obtenidos en los aspectos recreativos (15,2%) y ambientales (59,5%), así como un valor de no-uso dentro del apartado ambiental, (52% del VET), consolidan la idea anteriormente expresada y que, en resumen, nos indica que el valor económico de las externalidades positivas, no percibido por el productor/propietario forestal, triplica el valor económico de las transacciones comerciales llevadas a cabo en el comercio de productos y servicios forestales. Para corregir en lo posible esta problemática o error del mercado, las administraciones de los países desarrollados y en vías de desarrollo emplean los diferentes regímenes de ayudas o subvenciones, financiados con distintos fondos públicos. 

Según se pronuncia la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España (COSE): “la actividad silvícola está sometida a un fuerte intervencionismo administrativo que no tiene parangón en ningún otro sector agrario ni en cualquier otro sector económico, hasta el punto de determinar que la propiedad forestal sea una auténtica propiedad vinculada, con escaso margen de maniobra de sus titulares”. Se han dedicado bastantes esfuerzos a la búsqueda de alternativas a la valorización de los productos y servicios que ofrecen y puedan ofrecer nuestros montes, sin embargo podríamos concluir en la insatisfacción de los resultados obtenidos por los planteamientos estratégicos que tradicionalmente se utilizan en este sector. Esencialmente, el futuro proyectado parte de la extrapolación del pasado y el presente, sin visionar cambios radicales que permitan afrontar el nuevo paradigma socioeconómico, además la canalización de fondos y ayudas al sector se ha volcado prioritariamente sobre los montes de titularidad pública, cuando la naturaleza en sí, no lo hace así, y no entiende de lindes ni de alambradas y mucho menos de escrituras registrales y de titularidad del terreno. 

Continuamos anclados en un conservacionismo no productivo que a la larga puede llegar a ser pernicioso para su propio fin. Posiblemente, esto sea debido a la avidez por el corto o medio plazo (las legislaturas políticas parecen mandar) o quizás, porque las iniciativas parten en realidad, casi exclusivamente, de uno solo de los actores del sistema forestal: la Administración, mientras que, el resto permanece en estado latente, o cuando tratan de plantear iniciativas, son abortadas de inmediato y tomadas como un ataque a la hegemonía gestora y legislativa de aquellos. Sería deseable que las Administraciones implicadas entendieran, que la estrategia a corto, medio y largo plazo pasa por abordar puntos de partida a los que no está acostumbrada y contar con el apoyo y la participación real de todos los agentes sociales allá donde se encuentren los montes y los espacios protegidos afectados. Esta realidad, no se ve, ni gestiona bien desde un despacho de la ciudad. 

Ahora estamos abocados a la búsqueda de soluciones que nos hagan resurgir de la temida “crisis”. Desde el fondo de este pozo, si miramos hacia arriba, podremos ver más nítidamente la luz. Si dejamos de considerar al propietario forestal enclavado en los espacios protegidos andaluces, como un elemento estático inmerso en una estructura constante de mercado, incapaz (o limitado) para maniobrar, y procuramos las condiciones necesarias para que se encamine hacia comportamientos dinámicos o proactivos que afronten estructuras evolutivas del mercado, estaremos alejándonos de planteamientos de futuro único y determinado e iniciando una visión de futuro múltiple. Esto es un gran reto. Hay que asumir, que el propietario forestal privado puede y debe ser artífice o motor de una esperanza en el sector forestal y medio ambiental: la creación y consolidación de entramados empresariales interrelacionados vertical y horizontalmente, y esto depende, a su vez, de las herramientas que se pongan a su disposición. (Aberto Rodríguez López, 2011) 

Desde el año 2000 y hasta el 2013, los fondos se canalizan a través de los Planes de Desarrollo Rural, cuya distribución de cuantías con destino agrícola supera sobradamente a la forestal, si bien las externalidades, y por tanto beneficios ambientales de este último no son comparables al primero. Considerando que a partir de 2013 España pasará de ser país beneficiario a país contribuyente en el contexto europeo, los fondos disponibles para el desarrollo rural se podrían ver significativamente reducidos. Si hasta la fecha, los efectos de la aplicación de los fondos europeos han conseguido en algunas ocasiones paliar la escasez de recursos económico que dispone el productor forestal para conservar su predio o mejorar sus recursos productivos, a partir del 2013 la situación puede incrementar su precariedad e, incluso, conllevar su abandono; por tanto, conseguir la mayor eficiencia posible de los recursos económicos en favor de un efecto dinamizador del sector forestal, podrá requerir mayores esfuerzos endógenos y otras formulas de aplicación. 

Casualmente, coincidiendo con la festividad de San Francisco de Asís, patrón de los forestales, el pasado 4 de octubre se publicó el Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural y en cuyas primeras líneas dice: “Los contratos territoriales se conciben como un instrumento de apoyo a las políticas de desarrollo rural sostenible, con la intención de orientar e incentivar las actividades agrarias, entendidas en un sentido lo más amplio posible, hacia la multifuncionalidad y la generación de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos económicos, sociales y ambientales que configuran la sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la aplicación de un enfoque territorial.” 

Así mismo, casi en paralelo, el día 13 de octubre, se publica el ACUERDO de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad en la que entre las políticas de conservación y de desarrollo sostenible, “incorpora el factor humano en la evaluación y planificación de la biodiversidad, así mismo busca un enfoque global y un modelo de gestión integrada capaz de favorecer en paralelo: la corresponsabilidad, la participación social y la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones; aspectos imprescindibles a la hora de garantizar la conservación de la biodiversidad en el marco del desarrollo sostenible andaluz”. 

Evidentemente, estas novedades normativas abren una puerta de esperanza al ansiado cambio en la política actual del Sector. El concepto de sostenibilidad debe arropar también a la constancia y la profesionalidad de la gestión forestal y medioambiental, tanto para el propietario como para los trabajadores del medio. Sin el debido arraigo, especialización y estabilidad de las personas que trabajan por conservar y mejorar los ecosistemas no se va a crear el clima adecuado, el “celo profesional” que permita un cambio conceptual clave para todo, que sustituya el gasto por la inversión, con reversión tangible o no, para el propietario en particular y para toda la sociedad en general. 

Los ecosistemas forestales disponen del potencial suficiente para ser artífices de un cambio importante para la sociedad actual, para crear actividad generadora de dinamismo económico con gran capacidad de empleo, esencialmente rural, sobre todo, si se le otorga protagonismo suficiente al propietario forestal privado, cuya marginalidad o tratamiento secundario ha sido una constante en las políticas forestales que han derivado su comportamiento hacia el absentismo en la gestión, cuando no su demonización por parte de determinadas administraciones. 

Si por el contrario, la gestión del cambio se sigue monopolizando en manos de la Administración, el fracaso de las nuevas políticas medioambientales quedará encaminado a desarrollarse únicamente sobre terrenos de determinada clase o titularidad…con lo que poco o nada habremos conseguido. Como decía un compañero…”con los mismos mimbres sólo se hacen los mismos cestos”.